¡Si no es como yo quiero me enfado! Sería el símil infantil con el que se podría comparar la actitud de los miembros de la corriente gasparista en la XI de Izquierda Unida celebrada en Rivas el 15 y 16 de noviembre. El componente anticomunista irracional dentro de la organización ha desbaratado una enorme oportunidad para la unificación de posturas en torno a un candidato común a todas las corrientes de la izquierda. No les vale (a los que han arruinado IU con el acercamiento y sumisión al PSOE) relanzar el proyecto de la izquierda transformadora si el coordinador es de la corriente marxista, aunque sea el más votado por los delegados a la asamblea.

La estructura y funcionamiento de la sociedad tiene demasiadas semejanzas con la estructura y actividad de una mediana o gran empresa. «Los de arriba», alejados de los talleres, y con frecuencia instalados sobre ellos, son quienes mandan, ganan más y en ocasiones también son dueños de la empresa. «Los de abajo», los de buzo, oficiales y peones «ordinarios», se hallan en la parte más baja de las escalas salariales y nunca se mezclan con «los de arriba». Entre unos y otros se sitúan los empleados y mandos intermedios, encargados y contramaestres; obedecen a los jefes y mandan a los obreros, sin integrarse en ninguno de los grupos.

Cuando en la empresa, y en la sociedad entera, una clase poderosa esclaviza, destruye y humilla al resto de la población, hacinándola en el hambre, la sola mención de los hechos es injuriosa y no se puede dejar de gritar y exigir justicia y equidad.

Alrededor de unos 100 estudiantes de los institutos de secundaria de Lorca, se concentraron, el pasado día 13, durante más de una hora en frente del ayuntamiento protestando en contra del proceso de Bolonia, que busca privatizar la universidad, y de la reforma que pretende endurecer la selectividad.

Las personas que suscribimos este comunicado de prensa  queremos hacer públicas las principales razones por las que consideramos que el denominado Proceso de Bolonia contiene aspectos que perjudican claramente los intereses de la educación pública como garantía del derecho a la educación de todos en condiciones de igualdad, y que  puede tener efectos perniciosos sobre el futuro de los estudiantes que son el definitiva el futuro de la sociedad.

Defendemos una educación pública y laica de calidad, en condiciones de igualdad, y con financiación suficiente, que sea democrática en su gestión y funcionamiento, gratuita, transformadora y científica; que esté más al servicio de los estudiantes que de las empresas.

Denunciamos el abandono de los centros públicos de secundaria y la reducción de la inversión pública para educación. Nuestras leyes aumentan los privilegios y las subvenciones a la privada, en perjuicio de la pública, y equipara ante la ley a los centros públicos y concertados, permitiendo que a la hora de implantar los itinerarios cada instituto pueda escoger la ruta que prefiera. En la práctica esto equivale a la segregación de los estudiantes, puesto que los centros privados se dedicarán principalmente a los itinerarios que van a la universidad, mientras que los públicos tenderán a convertirse en centros de menor nivel, con una enseñanza de baja calidad dirigida a un mercado laboral precario.